Urgente de eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo
Líderes aseguran que no está en controversia el salario mínimo, sino quién decide y advierten que una minoría, sin la debida representación del sector privado no debe controlar decisiones que impactan toda la economía.
Una decena de organizaciones del sector privado de Puerto Rico han unido sus voces nuevamente para exigir que se elimine la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, cuestionando su legitimidad, imparcialidad, representatividad y capacidad para tomar decisiones que impactan de forma directa la vida económica y social en la isla. Este esfuerzo colectivo responde a la necesidad urgente de establecer mecanismos transparentes, balanceados y democráticos para la determinación de políticas económicas.
Para el grupo de organizaciones compuesto por la Asociación de Hecho en Puerto Rico, Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos de Puerto Rico (MIDA), Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Centro Unido de Detallistas (CUD), Asociación de Industriales de Puerto Rico, Asociación de Comercio al Detal (ACDET), Asociación de Bancos de Puerto Rico, Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico y Asociación de Constructores, la preocupación central no reside en el salario mínimo, sino en a quién se atribuye la autoridad para tomar decisiones económicas, que afectan tanto a trabajadores, empresas, consumidores y al desarrollo general del país. Las organizaciones subrayan que la Comisión, en su estado actual, está gravemente parcializada, no cuenta con adecuada representación de funcionarios electos ni de patronos y opera con un quórum reducido. Cuestionan además la legitimidad representativa de organizaciones sindicales cuando éstas son prácticamente inexistentes en el sector privado y la ley excluye expresamente al gobierno de su aplicación.
“En este momento el debate debe centrarse en el organismo al que le han entregado el poder. Lo que está en juego es el modelo de gobernanza económica que queremos para el futuro de Puerto Rico. La Comisión fue una mala idea desde el inicio lo cual se ha hecho evidente al cabo de cinco años desde su creación. Nunca ha contado con sus siete comisionados, pero se le permitió operar con cinco. Esto crea la grave circunstancia de que una mayoría simple de tres personas, que no son electas, tiene un enorme poder sobre toda la economía del país. Como si fuera poco, esas tres personas provienen del ámbito de gobierno y de sindicatos de gobierno, donde la ley no les aplica. En el sector privado prácticamente no hay sindicatos. Entonces, el poder que se les otorga no es legítimo ni democrático”, afirmó Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA.
Los representantes de las organizaciones además subrayan que las disposiciones actuales de la Comisión permiten la imposición de decisiones, sin considerar las diferencias entre industrias, tamaños de empresas o las condiciones económicas locales, lo que puede traducirse en pérdida de empleo, aumento de precios y presión sobre pymes y trabajadores.
Sonia Navarro, presidenta de la Asociación de Restaurantes (ASORE), hizo hincapié en los abarcadores poderes de esta Comisión, que no se limitan al salario mínimo general, pudiendo aprobar decretos particulares para empleados por propinas, el salario mínimo agrícola y hasta en la definición de los llamados empleados exentos. “Esta Comisión no cuenta con los elementos trascendentales para manejar una agenda tan sensitiva de país. Las decisiones de esta Comisión pueden ser nefastas para unas industrias en particular porque impactan desde la línea operacional, con costos puntuales en materia prima, hasta la plantilla de empleados y terminan impactando las escalas entre empleados y supervisores.”
“Todos queremos mejores salarios para nuestra gente, pero la realidad es que los salarios no suben por decreto ni por estructuras burocráticas desconectadas de la realidad económica. Los salarios suben cuando la economía crece, se crean empleos, las empresas compiten por el mejor talento y Puerto Rico se convierte en un lugar atractivo para invertir y hacer negocios. La propia Asamblea Legislativa aprobó los últimos aumentos al salario mínimo, mientras la Comisión ha permanecido incompleta durante los últimos cinco años y, aun así, mantiene amplios poderes para tomar decisiones que impactan a toda la economía. Puerto Rico necesita menos obstáculos y más acción para mover su economía hacia adelante”, añadió Mateo Cidre, presidente de Hecho en Puerto Rico.
Asimismo, los líderes denuncian el despilfarro de fondos públicos en estudios costosos y duplicados. El doctor Ramón Barquín, presidente del CUD, recordó que durante una reciente vista pública salió a relucir que la Comisión había gastado $500,000 en un estudio que hizo poco más que consolidar la data económica que produce y publica la Junta de Planificación y el propio Gobierno de Puerto Rico. De hecho, recordaron estudios realizados por el gobierno sobre el tema en el 2017, 2018 y 2023. “Esto da al traste con el argumento de que una virtud de esta Comisión se compone de expertos. Resulta inconcebible que en la situación financiera en la que nos encontramos, puedan justificar semejantes contratos para ilustrar a los supuestos expertos utilizando la data que el propio gobierno ya produce para analizar un aumento que ya estaba legislado”.
Por su parte, la Lcda. Margaret Ramírez, presidenta de la Cámara de Comercio argumentó que “la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, tal y como está diseñada y funcionando, es un mecanismo carente de balance de interés y representabilidad, que no admite la participación de los diversos sectores, que se ven afectadas con sus determinaciones. No podemos permitir que un asunto de tanta importancia, para el desarrollo social y macroeconómico de la Isla, como son los asuntos salariales esté en manos de una minoría que no opera en el sector privado, con nombramientos vencidos y sin balance institucional”.
“Reconocemos y defendemos la necesidad de salarios competitivos y justos para todos nuestros trabajadores; pero cualquier política pública debe lograr el equilibrio entre proteger al trabajador y crear condiciones que permitan el mantener y crear esos empleos, mientras se fomenta la inversión y la competitividad. Sin una actuación inmediata, la Comisión seguirá desconectada de la realidad de las empresas y los trabajadores”, concluyó la licenciada.
Por último, el grupo entiende necesario aclarar el récord público sobre la postura del Departamento del Trabajo. “A diferencia de lo que algunos han intentado proyectar, en la vista pública y en expresiones posteriores el Departamento claramente ha expuesto que recomiendan que la Comisión se limite a estudiar el tema y no a tomar determinaciones finales; como fue la propuesta legislativa original en el 2021” añadió José González presidente de ACDET.
Las organizaciones instan a la eliminación de la actual Comisión Evaluadora del Salario Mínimo y a la apertura de un proceso serio hacia un nuevo mecanismo, genuinamente participativo, transparente y capaz de ofrecer confianza pública. Entendiendo que el futuro económico de Puerto Rico depende de que las políticas salariales respondan a la realidad productiva, con base económica sólida y garanticen el bienestar y la competitividad del país.
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