(Caguas) La presidenta de la organización sin fines de lucro Alternativas para el Autismo, la doctora Jennifer Del Valle, alzó su voz para advertir que el Proyecto del Senado 1301 (P. del S. 1301), aunque se presenta como una medida de protección, podría terminar exponiendo a los menores a mayores riesgos al permitir la grabación en audio y video de sesiones terapéuticas individuales cuando permanezcan solos con su terapista.
Aunque el proyecto busca documentar sesiones terapéuticas para investigar posibles alegaciones de conducta impropia, Del Valle sostuvo que la medida no considera una realidad crítica, ya que en Puerto Rico, muchas de las situaciones de abuso, negligencia o maltrato contra menores ocurren precisamente dentro del entorno familiar o son cometidas por personas cercanas a la víctima.
La preocupación de la doctora Del Valle cobra mayor relevancia ante el panorama estadístico del maltrato infantil en la isla. Datos recientes reflejan que en Puerto Rico se reporta un incidente de maltrato infantil aproximadamente cada 65 minutos, mientras el Departamento de la Familia recibe más de 1,400 referidos mensuales por posibles casos de maltrato o negligencia. Solo en enero de 2026 se recibieron 1,466 referidos, cifra superior a los 1,242 casos reportados en el mismo mes de 2024. Además, durante los primeros 50 días de 2026 ya se habían contabilizado más de 2,400 referidos.
Las estadísticas también apuntan a que la negligencia física, emocional y educativa continúa siendo la modalidad de maltrato más frecuente, representando cerca de dos terceras partes de las tipologías reportadas. A esto se suma que, en la mayoría de los casos fundamentados, los perpetradores suelen ser personas cercanas al menor, incluyendo padres biológicos, padrastros, parejas sentimentales de los padres u otros familiares directos. En el caso del abuso sexual infantil, los ofensores también suelen formar parte del núcleo familiar o del círculo de confianza de la víctima.
“Si ese menor se siente en confianza con el patólogo del habla y le dice que en su casa está pasando determinada situación, y eso se está grabando, ese menor no va a tener una protección adecuada, porque no va a tener un espacio seguro para traer las situaciones que está viviendo”, expresó la doctora.
Del Valle sostuvo que la terapia debe ser un lugar seguro, no un escenario vigilado que provoque miedo. Por esta razón, a su juicio, el proyecto podría romper la confianza entre el menor y el profesional que lo atiende, especialmente en casos donde el niño necesita ayuda para comunicar situaciones sensibles.
Según se desprende de la exposición de motivos, el P. del S. 1301 establece que las grabaciones formarían parte del expediente clínico o terapéutico y podrían utilizarse para propósitos clínicos, protección del menor, investigaciones administrativas o criminales, procedimientos judiciales y cualquier otro uso autorizado expresamente por el padre, madre, tutor o encargado legal.
Ese último punto preocupa particularmente a la presidenta de Alternativas para el Autismo, ya que entiende que abre una puerta demasiado amplia sobre el uso de información sensible de menores. “Incluir en el proyecto de ley una frase que diga cualquier otro uso autorizado expresamente por padre, madre o tutor encargado es algo contradictorio”, señaló.
La doctora también rechazó que se presente la medida como si en Puerto Rico no existieran controles para proteger a los menores en escenarios terapéuticos. Recordó que los profesionales de la salud están sujetos a procesos rigurosos, incluyendo verificaciones de antecedentes, huellas, requisitos éticos y obligaciones legales para reportar y atender situaciones de riesgo.
“En Puerto Rico contamos con profesionales de la salud sumamente comprometidos con la población, sobre todo con la población vulnerable, ya que hay un compromiso ético y legal de proteger a los menores”, afirmó.
Ante esta situación, la especialista en el diagnóstico de autismo en niños y adultos dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) hizo un llamado a detener la aprobación del proyecto en su forma actual y abrir una discusión más responsable, centrada en proteger verdaderamente al menor sin destruir la confidencialidad terapéutica.
“La prioridad siempre va a ser proteger a los menores, y ya tenemos los mecanismos. Lo importante es ayudar a los padres a entender esos mecanismos”, indicó.
La doctora Del Valle insistió en que el camino correcto no es grabar terapias ni sembrar dudas sobre los profesionales, sino fortalecer la orientación a las familias, proteger los servicios de educación especial y garantizar que los menores continúen recibiendo apoyo de profesionales capacitados.
“Si queremos proteger a los menores, es importante proteger los servicios de educación especial, que son los que van a ayudar a esos menores a poder hablar sobre las cosas que les pasan, a mejorar en sus áreas de vulnerabilidad y a recibir el apoyo necesario”, expresó.
Para concluir, la presidenta de Alternativas para el Autismo insistió en que la protección infantil no debe construirse a costa de romper la confianza terapéutica, sino mediante la colaboración entre familias, profesionales de la salud, escuelas, agencias y proveedores de servicios. “Es importante crear lazos colaborativos, más que separación y duda”, puntualizó.
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