La Comisión de lo Jurídico atiende proyecto de ley que persigue frenar la operación de hogares clandestinos
(El Capitolio) – El Departamento de la Familia (DF) respaldó este miércoles la aprobación de dos propuestas legislativas que analiza la Cámara de Representantes con el fin de imponer sanciones criminales más severas contra hogares de adultos mayores clandestinos y aumentar la pena de cárcel por el maltrato de personas de edad avanzada.
La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, aseguró en una ponencia escrita sometida a la Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante José “Che” Pérez Cordero, que las medidas actuarían como mecanismos disuasivos en momentos en que el volumen de referidos de maltrato contra adultos mayores refleja la alta carga de casos que atiende la agencia.
“Reclasificar como delito grave la operación clandestina, junto con medidas como la clausura permanente, el decomiso, la inhabilitación y la restitución, fortalece las herramientas disponibles para el Estado frente a aquellas personas o entidades que deliberadamente operen fuera del marco de licenciamiento”, indicó Roig, en referencia al Proyecto del Senado 1071 (P. del S. 1071).
La pieza legislativa, aprobada en el Senado a finales de junio, enmendaría la Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada (Ley 94-1977) con el propósito de establecer que la operación de centros clandestinos incurrirá en una pena máxima de 10 años de cárcel, una multa no mayor de $250 mil, o ambas sanciones.
Según la licenciada Nicole Báez, directora de Asesoría Legal del DF, en Puerto Rico quedan 1,099 establecimientos para adultos mayores licenciados. La abogada detalló que la agencia clausuró 110 hogares clandestinos durante el 2025 y otros 14 centros que operaban sin licenciamiento han sido cerrados en lo que va del presente año.
“La operación clandestina de establecimientos para el cuidado de adultos mayores no debe visualizarse exclusivamente como un incumplimiento administrativo cuando supone la prestación de servicios al margen de los mecanismos de licenciamiento y supervisión establecidos”, subrayó Báez.
Mientras tanto, el Proyecto del Senado 332 (P. del S. 332) pretende aumentar de 10 a 12 años la pena de reclusión por el delito de maltrato a personas de edad avanzada, tipificado en el Artículo 127-A del Código Penal. La secretaria de la Familia reconoció en su memorial que la protección de esta población también requiere prevención y un acceso efectivo a servicios sociales, pero afirmó que la medida, de momento, es consistente con los objetivos dirigidos a fortalecer sus garantías jurídicas.
“Tenemos un problema de natalidad y la población de adultos mayores va a seguir aumentando. Esto es algo que tenemos que seguir mirando no solamente desde la perspectiva de la reacción, sino también a futuro para atender lo que va a ser nuestra realidad”, expresó, por su parte, el representante Pérez Cordero.
Sugieren varias enmiendas
Entre diversas recomendaciones, la licenciada Báez sugirió enmiendas al lenguaje del Proyecto del Senado 1071 para que la disposición penal corresponda al universo de establecimientos que la Ley 94 somete al requisito de licenciamiento y no limitar su aplicación a centros de cuidado prolongado.
Por otro lado, la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) instó a que la pena de delito grave aplique únicamente para los hogares sustitutos o instituciones de cuidado prolongado, debido a que el efecto y riesgo es menor en los centros de cuidado de menos de 24 horas.
En cuanto al P. del S. 332, la OPPEA sugirió adoptar medidas para que la naturaleza de los delitos de maltrato no se vea diluida mediante acuerdos de culpabilidad o reclasificación a violaciones menos severas.
“La vulnerabilidad de esta población requiere que nuestro ordenamiento jurídico asegure que la pena fija establecida sea una de cumplimiento y no sujeta a negociaciones que reduzcan su gravedad o eliminen componentes esenciales de la política pública de protección”, opinó la licenciada Janice Maymi, directora interina de Asuntos Legales de la Oppea.
La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, señaló a través de memoriales explicativos que la agencia no tiene objeción con la aprobación de ambas legislaciones. “El acelerado envejecimiento demográfico hace necesaria la adopción de legislación que atienda las necesidades de este sector y establezca penas proporcionales a la gravedad del delito”, opinó la titular en relación al P. del S. 332.
En esta vista pública también participó el representante José “Conny” Varela Fernández.
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