El cuerpo legislativo también dio paso a otras medidas relacionadas con la seguridad pública
El Capitolio – La Cámara de Representantes aprobó este lunes un proyecto de ley que busca implementar en Puerto Rico un sistema de prevención tipo alerta Amber que facilite la captura de sospechosos de amenazar, gravemente herir o asesinar a oficiales del orden público en el cumplimiento de sus funciones.
El Proyecto del Senado 103 -que crearía el Plan de Alerta Azul- recibió el respaldo de 47 representantes durante los trabajos de la sesión ordinaria tras la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, presidida por el representante Félix Pacheco Burgos, emitir un informe positivo.
“Ante el riesgo real y cotidiano que enfrentan nuestros oficiales de orden público, es de suma importancia añadir una herramienta de protección efectiva que salvaguarde la seguridad de estos servidores públicos de importancia vital para nuestra sociedad”, expresó Pacheco Burgos.
El legislador aseguró que la iniciativa aprovecha la infraestructura tecnológica y los sistemas de alerta existentes, por lo que la medida es fiscalmente viable y puede ser atendida sin afectar la capacidad presupuestaria de las agencias.
La pieza legislativa –que incluye a policías municipales y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE)– recoge elementos de una medida del legislador Carmelo Ríos que fue aprobada en el 2024 por la pasada Asamblea Legislativa, pero el informe de comité de conferencia no prosperó en el Senado.
Durante la votación final en la Cámara, el proyecto obtuvo el voto en contra de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Mientras tanto, el cuerpo legislativo dio paso al Proyecto de la Cámara 727, que pretende restringir el uso de sistemas aéreos no tripulados, mejor conocidos como “drones”, sobre instalaciones de seguridad del gobierno y establecer penalidades.
La propuesta del representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán persigue establecer protecciones a instalaciones de infraestructura crítica, según indicó en la exposición de motivos.
Aunque el autor reconoció que el ordenamiento vigente contempla restricciones sobre el uso de “drones”, indicó que la legislación busca expandir las limitaciones estatales por razones de seguridad nacional y pública.
A manera de ejemplo, el proponente mencionó que los “drones” pueden ser utilizados para entrar en el espacio aéreo de instalaciones correccionales para tomar fotografías, vídeos y hasta para introducir contrabando. También pueden ser utilizados para lograr acceso irrestricto a otras instalaciones públicas de seguridad, afirmó.
“El Proyecto de la Camara 727 atiende una necesidad real y apremiante de política pública ante el aumento en el uso de aeronaves no tripuladas y los riesgos que estos representan para la seguridad de instalaciones gubernamentales y de infraestructura crítica en Puerto Rico”, sostuvo Santiago Guzmán.
La legislación respaldada por la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) establece multas de $1,000 a $5,000, cuyos recaudos serán transferidos a un fondo especial para la Policía de Puerto Rico. Las delegaciones de minoría, con excepción del representante popular Edgardo Feliciano Sánchez, se opusieron a la medida.
De acuerdo con el segundo informe del proyecto, la Comisión de Seguridad Pública atemperó el lenguaje para que no entrara en conflicto con la Ley 68-2021, que limita el uso de imágenes captadas por los “drones”.
Para ello, se realizaron cambios a sus definiciones y se ampliaron las excepciones a su aplicabilidad para evitar que entidades públicas o empresas que operan infraestructura crítica queden afectadas por las restricciones.
Por otro lado, el pleno avaló el Proyecto de la Cámara 830, del representante Christian Muriel Sánchez, con el fin de establecer mecanismos que evalúen la capacidad de una persona para portar armas de fuego cuando haya mediado una hospitalización involuntaria por razones de salud mental, conforme a la Ley 408-2000.
La Cámara se disponía a atender en el calendario de órdenes especiales el Proyecto de la Cámara 1006, pero el informe de la medida fue retirado y devuelto a la Comisión de Asuntos Municipales. Tal fue el caso con el Proyecto del Senado 144, cuyo informe también fue retirado y regresado a la Comisión de Desarrollo Económico.
El cuerpo legislativo reanudará sus trabajos de la sesión ordinaria el jueves, 23 de abril, a las 11:00 de la mañana.
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