La Comisión de Salud conduce investigación sobre la operación de los hogares comunitarios y las condiciones de los pacientes
(El Capitoli ) – El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, advirtió que intensificará la fiscalización sobre las condiciones de los pacientes en los hogares para adultos con discapacidad intelectual en atención a un caso reciente bajo investigación de las autoridades por presuntas conductas negligentes contra participantes.
“Esos que tienen 100 participantes, yo los voy a ir a visitar. Están apercibidos y adelantados. Vamos a tocar la puerta. Queremos ver qué es lo que está pasando ahí”, manifestó el legislador en una vista pública celebrada este miércoles para evaluar los requerimientos de información realizados a diversas agencias públicas.
“Yo voy a ir a visitarlos, sin avisar, y vamos a ir a ver las condiciones en que están estos participantes”, adelantó Rodríguez Aguiló, al tildar las operaciones de algunos centros como un “negocio” receptor de hasta $6,413 mensuales por participante que son sufragados con fondos estatales, según datos del Departamento de Salud (DS) en cuanto al costo de los servicios residenciales.
El representante destacó que los administradores de un centro para pacientes geriátricos y psiquiátricos, que la Comisión de Salud visitó a inicios de este año como parte de una vista ocular, fueron acusados en septiembre de 2026 por alegados actos de maltrato contra sus participantes.
Aunque mencionó que encontró las instalaciones en condiciones óptimas y los pacientes se mostraban satisfechos con los servicios recibidos, el legislador aseguró que la visita levantó ciertas preocupaciones en los miembros de la comisión. “Es un tema que es invisible en Puerto Rico, a menos que ocurra un caso particular que levante atención mediática… A menos que eso no ocurra, nadie ve a estos pacientes”, expresó.
El director ejecutivo de la Sección de Servicios a Personas Adultas con Discapacidad Intelectual (SSPADI), Danniel Soto, informó que la dependencia –adscrita al DS– mantenía un censo de 802 participantes para marzo de 2026. De ese total, 490 pacientes recibían servicios a través de 91 hogares en modalidades residenciales, sustitutos, grupales, conductuales, entre otros.
Los restantes 312 participantes recibían servicios mediante hogares biológicos, arreglos residenciales o apoyos en la comunidad, indicó Soto. “Cuando un participante recibe beneficios de Seguro Social, el 80 por ciento de ese beneficio se aplica como aportación al costo de residencia”, precisó el deponente.
Soto también comentó que su función se limita en certificar los hogares e instituciones que brindan residencia a sus participantes, por lo que no tiene autoridad para conceder o revocar licencias de operación. En cuanto a los adultos con discapacidad ubicados en égidas, dijo que ese renglón no corresponde a los servicios de la SSPADI debido a que su población programática es de 22 a 59 años de edad.
Servicios dispersados en las agencias
La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, explicó durante la audiencia que su intervención se concentra en subvencionar y asistir a adultos con impedimentos, pero aclaró que estos servicios no se ofrecen de manera especializada para la población con discapacidad intelectual.
La titular aseguró que desde la Administración de Familias y Niños (ADFAN) se lleva a cabo la coordinación del trabajo social y los servicios de protección con los proveedores de salud, particularmente cuando adultos mayores o personas con impedimentos necesitan una alternativa de cuidado.
En contestación a un requerimiento de información, la secretaria puntualizó que Familia autoriza dispensas cuando surge la necesidad de ubicar a un adulto con discapacidad subvencionado por la agencia en un establecimiento de cuidado sustituto.
“Recomendamos que la investigación distinga entre los programas de atención especializada, los establecimientos de cuidado sustituto y las alternativas de vivienda. Esta clasificación permitirá identificar quién presta el servicio, quién lo licencia o certifica, y quién financia la atención”, subrayó Roig.
Por su parte, la titular de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Catherine Oliver, comunicó que la agencia presta servicios a adultos con discapacidad cuando presentan condiciones duales y prevalece la sintomatología de salud mental o cuando reciben servicios en virtud de órdenes judiciales.
Según la administradora, la ASSMCA cuenta con 45 participantes de la División de Tratamiento Ambulatorio con diagnóstico de discapacidad intelectual y ubicados en hogares de su agencia. Mientras, el secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Augusto Martínez, puntualizó en una ponencia escrita que la agencia no tiene un programa de ayuda para adultos con discapacidad en centros de adultos mayores.
No obstante, informó que Vivienda brinda asistencia a 13,739 adultos mayores de 62 años o más, de los cuales 7,772 reportan tener alguna discapacidad.
En la vista pública, también participaron las representantes Sol Higgins Cuadrado, Adriana Gutiérrez Colón, Wanda del Valle Correa y el representante José “Cheito” Hernández Concepción.
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