(El Capitolio) – A días de cerrar la sesión legislativa, la Cámara de Representantes aprobó una medida de la gobernadora Jenniffer González Colón para derogar la Ley 12-2008, que estableció la política pública en el área de seguridad portuaria, con el propósito de eliminar el modelo obligatorio de escaneo de contenedores en Puerto Rico.
El Proyecto de la Cámara 1304 fue radicado el pasado 6 de junio como parte de los esfuerzos dirigidos a evaluar y atender el marco regulatorio aplicable a las inspecciones de los vagones que entran al Puerto de San Juan.
Según expone la medida, el gobierno de Puerto Rico ha desembolsado durante más de una década sobre $168 millones relacionados con este contrato y los cargos asociados al escaneo de furgones han sido trasladados, en última instancia, al consumidor puertorriqueño.
“La derogación de esta legislación y el establecimiento de una nueva política pública representa un paso importante para reducir costos innecesarios en el movimiento de carga, simplificar los procesos en los puertos y contribuir a aliviar presiones que inciden directamente sobre el costo de vida en Puerto Rico”, reza la legislación.
Desde entonces, la compañía S2 Service Puerto Rico LLC ha peticionado a la Autoridad de los Puertos alrededor de $100 millones por concepto de la terminación del contrato, intereses sobre pagos, así como facturas y balances pendientes.
El Ejecutivo y el Legislativo han insistido en que el modelo ha probado ser costoso e ineficiente, por lo que buscan impulsar una nueva política pública de seguridad portuaria, que se ejecutará en coordinación con el gobierno federal, “para evitar la imposición de cargos o estructuras regulatorias innecesarias”.
El proyecto de ley también destaca que las prácticas de seguridad portuaria han evolucionado desde la implementación de la Ley 12 y, actualmente, las estrategias más efectivas de inspección se fundamentan en modelos de análisis de riesgo, inteligencia y selección dirigida de cargas sospechosas.
La portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, favoreció su aprobación. No obstante, las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) votaron en contra de la medida.
Limitan venta de vaporizadores
Mientras tanto, el cuerpo legislativo avaló el Proyecto de la Cámara 1070, que pretende prohibir la venta de cigarrillos electrónicos o dispositivos utilizados para la práctica conocida como “vapeo” a menores de 21 años.
La legislación es impulsada por el representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán junto al presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, con el fin de atender la epidemia de salud pública generada por el uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina (ENDS, en inglés), así como productos emergentes de nicotina y sabores.
“Es nuestra responsabilidad tomar medidas para erradicar todo mal que provoque efectos perjudiciales en la salud de los puertorriqueños”, planteó Santiago Guzmán.
Aunque en Puerto Rico existe la Ley 41-2015, que ya restringe la venta de cigarrillos electrónicos a menores de 21 años, los autores del proyecto de ley señalan que han surgido nuevos dispositivos para producir aerosol inhalable conocidos como vaporizadores.
“Estos, a diferencia de los cigarrillos electrónicos, son personalizables, de mayor tamaño y potencia, lo que permite ajustar la temperatura de los líquidos que se utilizan”, afirmó Santiago Guzmán.
El legislador destacó que los líquidos utilizados contienen distintos grados de concentración de nicotina y otras sustancias como propilenglicol o glicerina. Además, datos del Departamento de Salud identificaron que entre el 2020 y 2022 el 17.5 % de los estudiantes de escuela intermedia y superior había usados dispositivos de “vapeo”.
A su vez, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) resaltó en el 2024 que las féminas adolescentes están “vapeando” más que los varones al reportar un 14.2 % y 11.6 % de uso de vaporizadores, respectivamente.
Recientemente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) ha resaltado que la nicotina, la cual está presente en los dispositivos de “vapeo” y en cantidades variadas según la marca, puede dañar el cerebro en desarrollo de los adolescentes y adultos jóvenes, ya que este órgano se encuentra en desarrollo hasta los 25 años.
Asimismo, el Departamento de Salud ha pronunciado que los efectos perjudiciales de los vaporizadores no solo afectan a quienes los utilizan, sino que tiene un efecto perjudicial en terceros por el aerosol de segunda mano.
Aprueban amnistía para armas ilegales
Por otro lado, la Cámara dio paso a la propuesta legislativa que establecería un período de amnistía de 60 días para la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales o adquiridas de forma incidental.
La Resolución Conjunta de la Cámara 353, presentada por el representante Félix Pacheco Burgos, obtuvo el favor unánime del pleno durante los trabajos de la sesión legislativa.
“La aprobación de una nueva amnistía de armas no solo constituye una medida razonable y necesaria, sino también una intervención estratégica dirigida a salvar vidas, prevenir la violencia y fortalecer la seguridad colectiva”, afirmó Pacheco Burgos, quien preside la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara.
El legislador indicó que esta amnistía permitirá que ciudadanos puedan regularizar su posesión de armas o entregar armamento sin exponerse a consecuencias penales.
Además, la legislación persigue atender situaciones que han sido identificadas en la práctica, como armas heredadas sin registro formal, armas con licencias expiradas, municiones acumuladas y armamento en desuso que permanece en residencias.
Otras medidas avaladas
Entre otras medidas respaldas durante los trabajos legislativos están las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 373 y 374, ambas radicadas este martes y descargadas en el pleno. La primera de estas medidas persigue establecer una asignación recurrente de $5 millones, con cargo al Fondo General, para el funcionamiento de la Sociedad de Educación y Rehabilitación (SER) de Puerto Rico. La legislación dispone que esta partida entraría en vigor a partir del año fiscal 2026-2027, que comienza el 1 de julio.
Mientras, la segunda resolución aumentaría el presupuesto vigente de $13,095 millones a $13,730 millones para sufragar los gastos del gobierno correspondientes al año fiscal que termina el 30 de junio de 2026.
El pleno también favoreció el Proyecto de la Cámara 137, presentado por el representante Ángel Morey Noble, para disponer que las resoluciones conjuntas y cualquier otra legislación que comprenda el presupuesto general del gobierno incluirá una sección que evalúe cuantitativamente el impacto eventual en el mediano plazo.
La Cámara de Representantes reanudará sus trabajos de la sesión legislativa mañana, 24 de junio, a las 2:00 de la tarde.
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