La organización reclama dejar sin efecto una orden administrativa que exige un sello de los polígonos de tiro que no figura en la Ley de Armas
(Trujillo Alto, Puerto Rico) — La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) exigió a la Policía de Puerto Rico que deje sin efecto una orden administrativa que está creando un requisito no contemplado en la Ley de Armas y que ya está provocando nuevos cobros a instructores de tiro por parte de polígonos.
El presidente de CODEPOLA, Ariel Torres Meléndez, informó que la organización solicitó formalmente al superintendente de la Policía, Joseph González, retirar la Orden Administrativa SAIC-NILIAF-DILAIAP-7-473, emitida el 7 de agosto de 2026, mediante la cual se requiere a los instructores completar el Formulario PPR-1061 con un ponche o sello del polígono donde se ofreció el curso.
Según la comunicación enviada por el Lcdo. José A. Camacho Vega, representante legal de CODEPOLA y del instructor José M. González Díaz, ni el Artículo 2.07 de la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley 168-2019), según enmendado por la Ley 75 de 2024, ni su reglamentación establecen que el formulario tenga que incluir una certificación mediante sello del polígono.
Torres Meléndez destacó que la propia orden administrativa reconoce una discrepancia con las disposiciones de la Ley de Armas.
CODEPOLA denunció que la aplicación de la orden ya está teniendo un impacto económico directo sobre los instructores, debido a que algunos polígonos de tiro han comenzado a cobrar por colocar el sello requerido en el formulario.
“La ley es clara. La Policía no puede crear por orden administrativa requisitos que la Legislatura no aprobó. Hoy, los instructores están pagando de su bolsillo por un sello que la ley no exige y ese costo termina recayendo sobre los ciudadanos que buscan cumplir responsablemente con su adiestramiento”, afirmó Torres Meléndez.
El presidente de CODEPOLA sostuvo que “el requisito debe ser eliminado” para evitar que un trámite administrativo adicional se convierta en un costo no previsto para los instructores y para las personas que necesitan completar su proceso de adiestramiento conforme a la Ley de Armas.
“Le estamos dando a la Policía la oportunidad de corregir esta situación administrativamente y evitar mayores perjuicios. Preferimos resolverlo por la vía administrativa, pero si nuestro reclamo no fuese atendido, CODEPOLA está preparada para acudir a los tribunales y utilizar los remedios que establece la ley para defender los derechos de los instructores y de los ciudadanos”, afirmó Torres Meléndez.
En la comunicación enviada al superintendente, CODEPOLA solicita que, dentro de un término de 10 días calendario, la Policía notifique que deja sin efecto la orden administrativa y el requisito del sello.
Asimismo, la organización reclama que se impartan las instrucciones correspondientes para que cesen los cobros asociados a la colocación de dichos sellos cuando estos sean consecuencia del requisito establecido en la orden administrativa.
CODEPOLA advirtió que, si la Policía no responde dentro del término solicitado, evaluará acudir a los tribunales y utilizar otros remedios legales disponibles para impugnar la aplicación del requisito.
“Aquí no estamos cuestionando la importancia del adiestramiento ni los controles establecidos por ley. Estamos cuestionando que se añada un requisito y un costo que, según nuestra interpretación de la legislación vigente, no fueron establecidos por la Legislatura”, concluyó Torres Meléndez.
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