La última amnistía para entregar voluntariamente y sin penalidad armas de fuego y municiones fue hace 12 años
(San Juan, Puerto Rico) – Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para el Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), respalda la radicación del Proyecto de la Cámara 1260, mediante el cual proponen establecer una amnistía de armas en Puerto Rico, destacando que hacía más de una década que no se impulsaba una iniciativa similar bajo un enfoque integral de seguridad pública y colaboración ciudadana.
La última amnistía general de armas en Puerto Rico se llevó a cabo a finales del 2013 y principios de 2014. Fue decretada mediante la Ley Núm. 142-2013, ofreciendo a los ciudadanos un periodo de 15 días para entregar voluntariamente—y sin penalidad—armas de fuego y municiones. Anteriormente, el gobierno había implementado otra amnistía de 60 días a principios del 2012.
Para Torres Meléndez, la medida legislativa representa “una herramienta sumamente positiva para atender la realidad de miles de armas que permanecen fuera del sistema oficial de registro y control de la Policía de Puerto Rico, muchas de ellas heredadas, no registradas o en desuso, y que esta iniciativa puede contribuir significativamente a fortalecer la seguridad colectiva de la isla”.
El presidente de CODEPOLA felicitó al representante Félix Pacheco Burgos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, por asumir este tema con seriedad, valentía y visión de política pública. “Hacía más de diez años que Puerto Rico no veía una iniciativa de amnistía de esta magnitud y entendemos que este tipo de medida es buenísimo para Puerto Rico porque permite sacar armas de circulación, atender situaciones heredadas o irregulares y, sobre todo, fomentar la cooperación ciudadana en favor de la seguridad pública”, manifestó.
Destacó que la medida, no solo facilita la entrega voluntaria de armas y municiones, sino también establece mecanismos de recopilación de datos y evaluación de resultados, lo que permitirá medir el impacto real de la amnistía sobre la seguridad pública y fortalecer futuras estrategias gubernamentales.
Asimismo, Torres Meléndez sostuvo que resulta positivo que el P. de la C. 1260 contempla campañas de orientación pública y procesos confidenciales para la entrega de armas, elementos que podrían incentivar una mayor participación ciudadana y ayudar a prevenir incidentes violentos.
“En CODEPOLA estamos disponibles para colaborar y ayudar en esta iniciativa en todo aquello que contribuya a su éxito y a fortalecer la seguridad pública de Puerto Rico. Entendemos que este esfuerzo requiere la participación y cooperación de distintos sectores para lograr un impacto positivo real en nuestras comunidades”, afirmó Torres Meléndez.
Concluyó que “las iniciativas que promueven la prevención, la responsabilidad y la reducción de riesgos merecen respaldo. Esta medida envía un mensaje claro de que existen alternativas responsables y colaborativas para atender asuntos sensibles relacionados con armas de fuego y seguridad pública
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