Si el sistema falla, ¿quién protege a nuestros adultos mayores?
(San Juan) – Tras la controversia con la Secretaria de la Familia que se ha extendido por varias semanas, el presidente de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado, Jonathan Morales Adorno, manifestó preocupación por las implicaciones que tiene sobre la confianza pública y la transparencia en el manejo de fondos y contratos vinculados al cuidado de poblaciones vulnerables como los adultos mayores.
“Observo con profunda preocupación la información divulgada y como representante del sector, reiteramos que el cuido prolongado no puede ser escenario de controversias administrativas o contractuales dudosas. Cada dólar asignado debe responder directamente al bienestar del adulto mayor”, declaró Morales Adorno.
Ayer, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anticipó que someterá un requerimiento de información a la Secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, tras trascender que la funcionaria habría participado de la otorgación de un contrato de $60,000 mensuales para el cuido de un solo paciente mientras laboró en el Departamento de Salud el cuatrienio pasado.
De lo que ha trascendido hasta el momento, la Secretaria de la Familia fue referida al Departamento de Justicia en el 2022 cuando dirigía la Unidad de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud. Esa investigación se extendió por casi tres años, hasta que el caso fue archivado el 30 de octubre de 2025 bajo la actual administración. Esto significa que, mientras la funcionaria atravesaba su proceso de nombramiento, tanto en el Senado como en el alegado “background check” realizado por La Fortaleza, era objeto de una investigación por parte del Estado.
La semana pasada, Roig Fuertes alegó que desconocía sobre ese referido y que nunca había sido contactada por Justicia. Por otro lado, su declaración jurada no coincide con algunos aspectos vertidos por ella en entrevista con los medios.
“Resulta alarmante cualquier alegación de condicionamiento en la otorgación de contratos, especialmente cuando involucra la subcontratación de servicios que no responden a procesos claros, transparentes y competitivos”, afirmó el presidente de FICPRO.
Advirtió que el hecho de que una investigación permaneciera activa por años, aun cuando posteriormente fue archivada, levanta cuestionamientos legítimos sobre los procesos de evaluación y nombramiento en posiciones de alta responsabilidad pública.
“Ante la seriedad de los señalamientos, FICPRO solicita una investigación seria, independiente y transparente que permita: (1) Esclarecer en su totalidad los hechos relacionados a estos contratos, (2) determinar si existieron prácticas indebidas, condicionamientos o conflictos de interés y (3) garantizar que no se haya comprometido el uso correcto de fondos destinados al cuido de adultos mayores”, resumió Morales Adorno.
Aunque el caso contra la Secretaria de la Familia queda archivado y el Departamento de Justicia insiste en que no había prueba suficiente, igualmente la Secretaria de Justicia no descartó reabrir el caso “si hay evidencia nueva o algún otro referido”.
Morales Adorno concluyó que “este caso no termina en un archivo, empieza con respuestas. El cuido de adultos mayores requiere confianza, no controversias. Puerto Rico merece claridad cuando se trata del cuido de sus adultos mayores”.
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