La Comisión de Gobierno de la Cámara atendió en vista pública varias medidas que promueven el fortalecimiento institucional
(El Capitolio) – La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) respaldó la aprobación de un paquete de medidas legislativas encaminadas a fortalecer la función investigativa, la planificación estratégica de auditorías y la modernización de la plataforma uniforme de contratos bajo jurisdicción de la agencia.
Sobre el Proyecto de la Cámara 1263, la contralora Carmen Vega Fournier opinó que refuerza el andamiaje legal vigente al proveer una herramienta que promueva el cumplimiento de la comparecencia de testigos y la entrega de información en procesos de auditoría, sin depender de mecanismos penales.
La propuesta del representante Víctor Parés Otero persigue enmendar la ley orgánica de la OCPR para imponer sanciones de costas y honorarios de abogados cuando el foro judicial determine que la persona testigo actuó de forma frívola o temeraria al no comparecer a la entrevista o no entregar los documentos requeridos durante la investigación.
“Este remedio no sustituye el marco penal existente, sino que lo complementa al viabilizar consecuencias inmediatas dirigidas a fomentar la colaboración oportuna y evitar dilaciones que afectan la eficiencia de las auditorías”, precisó la contralora ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por Parés Otero.
Mientras, Vega Fournier aseguró que el Proyecto de la Cámara 1264, que busca establecer una plataforma uniforme para la creación y registro de contratos gubernamentales, representa un “avance significativo” en términos de fiscalización preventiva y acceso a la información.
La licenciada señaló, a preguntas del representante Parés Otero, que la OCPR no tiene visibilidad de la totalidad de los contratos gubernamentales debido a que el proceso de registro se realiza, a su juicio, de “la forma más arcaica”.
También explicó que los contratos son completados de manera impresa y posteriormente subidos a la plataforma de la OCPR mediante un documento PDF. Si el contrato necesita ser enmendado, este proceso puede demorar el registro del contrato hasta una semana, dijo Vega Fournier.
La contralora añadió que la ley orgánica de la OCPR exige que el registro del contrato se realice en un término de 15 días, por lo que la implementación de una plataforma que facilite la trazabilidad de los documentos, desde su creación hasta su registro, mejorará los mecanismos de control y transparencia.
Vega Fournier adelantó que la plataforma requerirá una inversión de aproximadamente $3 millones que están disponibles en el presupuesto de la agencia, pero aseveró que la herramienta deberá desarrollarse de manera gradual y con la capacitación de personal en las entidades públicas.
“Al integrar un sistema centralizado e inteligente, el Estado instituye un mecanismo que permite un cien por ciento de corroboración en los datos de cada acuerdo formalizado”, puntualizó el representante Parés Otero, quien propuso que la plataforma esté disponible para las tres ramas de gobierno y los municipios.
La contralora también rechazó que la legislación alteraría la autonomía de los municipios al indicar que lo único que pretende es “eliminar el papel” y afirmar que los alcaldes continuarán teniendo autoridad sobre los contratos que generan. La preocupación fue levantada en una ponencia escrita de la Federación de Alcaldes, según compartió Parés Otero.
Por otro lado, Vega Fournier destacó que el Proyecto del Senado 808 logra “un balance adecuado” entre la política pública de garantizar la fiscalización periódica y la necesidad de permitir una planificación estratégica de auditorías.
El propósito de esta legislación es promover que la OCPR tenga la discreción de establecer, conforme a sus recursos y al Plan Anual de Auditorías, la frecuencia de las auditorías realizadas a las operaciones fiscales de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
Según la ley orgánica de la OEG, las operaciones fiscales de esta agencia son auditadas y examinadas por la OCPR, por lo menos, una vez cada dos años. Sin embargo, la pieza legislativa expone que, en los últimos años, la OCPR ha enfrentado una reducción considerable en su personal, particularmente en el área de auditorías.
“La efectividad del proceso fiscalizador depende, en gran medida, de la capacidad de priorizar áreas de riesgo, de atender oportunamente situaciones relevantes y de administrar adecuadamente los recursos disponibles”, comentó Vega Fournier.
“En conjunto, estas medidas reconocen que una fiscalización efectiva requiere más que autoridad legal; requiere herramientas adecuadas, acceso oportuno a información y estructuras que promuevan la prevención y la rendición de cuentas”, agregó.
De esta vista pública también participaron los representantes Lisie Burgos Muñiz, Adriana Gutiérrez Colón y Ricardo Ocasio Ramos.
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