Secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, reafirma política de cero tolerancia contra establecimientos que incumplen con la ley o ponen en riesgo a los adultos mayores
(SAN JUAN, PUERTO RICO ) – Como parte del fortalecimiento de los esfuerzos de fiscalización y protección de los adultos mayores, el Departamento de la Familia informó que ha ordenado el cierre de 33 hogares de cuidado prolongado, entre enero y julio de 2026, tras identificar incumplimientos con la reglamentación vigente. A los anteriores se unen 11 establecimientos que operaban de forma clandestina, así como otras situaciones que comprometían la seguridad y el bienestar de sus residentes.
La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, destacó que estas acciones reflejan el compromiso de la agencia de actuar con firmeza y sin dilaciones cuando se identifican riesgos que puedan afectar la vida, la salud o la dignidad de los adultos mayores.
“Nuestra prioridad es proteger la vida, la salud y la dignidad de los adultos mayores. No permitiremos que ningún establecimiento opere al margen de la ley o en condiciones que representen un riesgo para sus residentes. Cada cierre responde a un proceso de investigación, evaluación e intervención responsable, siempre procurando una transición ordenada y segura para las personas afectadas”, expresó la secretaria.
Roig Fuertes explicó que las investigaciones que culminan con estas acciones surgen de múltiples fuentes, incluyendo referidos de familiares, vecinos, ciudadanos, empleados de los propios establecimientos, profesionales de la salud y otras agencias gubernamentales, lo que demuestra que la protección de los adultos mayores es una responsabilidad compartida entre el Gobierno y la comunidad.
La titular destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre la Oficina de Licenciamiento y la Unidad de Maltrato Institucional-Adultos (UMIA), cuyos equipos atienden cada denuncia, realizan las investigaciones correspondientes y toman las medidas necesarias cuando identifican incumplimientos a la ley o condiciones que ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de los residentes.
Además de las acciones de fiscalización, el Departamento continúa fortaleciendo el sistema de licenciamiento y supervisión de los hogares de cuidado prolongado mediante la revisión de reglamentos y procesos, el fortalecimiento de los mecanismos de investigación, la implementación de herramientas tecnológicas y una mayor transparencia a través de la plataforma SULME, que permite a la ciudadanía verificar los establecimientos licenciados y el estatus de sus licencias.
“Agradecemos profundamente a cada ciudadano, familiar, vecino, empleado o profesional que ha dado el paso de denunciar posibles irregularidades. Muchos de estos referidos han permitido identificar situaciones que, luego del debido proceso investigativo, culminaron con el cierre de establecimientos donde la seguridad y el bienestar de los adultos mayores estaban comprometidos. Su colaboración ha sido fundamental para proteger a una de las poblaciones más vulnerables de nuestro país”, añadió Roig Fuertes.
Asimismo, exhortó a las familias a realizar una evaluación cuidadosa antes de seleccionar un hogar de cuidado prolongado para un ser querido. La agencia recomendó verificar que el establecimiento cuente con una licencia vigente del Departamento de la Familia, visitar las instalaciones en diferentes días y horarios, observar las condiciones de higiene, seguridad y el trato que reciben los residentes, conocer la cantidad y preparación del personal disponible, así como preguntar sobre los protocolos de atención médica y respuesta a emergencias. También invitó a las familias a conversar con otros residentes y sus allegados sobre su experiencia. La secretaria enfatizó que una decisión informada es el primer paso para garantizar un cuidado digno, seguro y de calidad para los adultos mayores.
El Departamento de la Familia exhortó a la ciudadanía a continuar colaborando con la protección de los adultos mayores reportando cualquier situación que pueda representar un riesgo para los residentes de hogares de cuidado prolongado. Las querellas o denuncias por posible maltrato, negligencia, operación sin licencia o cualquier otra irregularidad pueden realizarse a través de la Línea de Maltrato del Departamento de la Familia al (787) 749-1333, donde personal especializado recibe los referidos y coordina la investigación e intervención correspondiente.
“Si observa condiciones inadecuadas, posible maltrato, negligencia, operación sin licencia o cualquier otra irregularidad, repórtela de inmediato. Cada información recibida puede hacer la diferencia y permitir una intervención oportuna para proteger la vida, la salud y la dignidad de un adulto mayor. La protección de nuestros adultos mayores es una responsabilidad de todos y la participación ciudadana continúa siendo una herramienta indispensable para lograrlo”, concluyó la secretaria.
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