“Ante los planteamientos realizados por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico relacionados con los contratos temporeros de empleados adscritos al recinto, la Universidad de Puerto Rico en Cayey aclara que las determinaciones administrativas adoptadas responden a procesos institucionales previamente establecidos, realizados conforme a la reglamentación aplicable, las necesidades operacionales del recinto y la responsabilidad de administrar adecuadamente los recursos públicos, en un escenario de significativos ajustes estructurales dirigidos a garantizar la sostenibilidad fiscal y fortalecer la capacidad institucional de la Universidad.
Los contratos a los que se hace referencia corresponden a nombramientos especiales sufragados con fondos no recurrentes relacionados con la respuesta a la pandemia del COVID-19. Por su naturaleza, estos nombramientos fueron otorgados con un término de vigencia definido y conocido por las partes desde el momento de su otorgación, culminando el pasado 30 de junio de 2026, conforme a las condiciones establecidas en los contratos suscritos.
Actualmente, la Universidad lleva a cabo un análisis administrativo y presupuestario para determinar las necesidades operacionales del recinto y los recursos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios que ofrece a la comunidad universitaria dentro de la disponibilidad presupuestaria. Como parte de ese proceso, se determinará la cantidad de nombramientos especiales necesarios para que la UPR Cayey continúe cumpliendo con su misión académica y de servicio.
Es importante destacar que este proceso fue comunicado oportunamente al Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico a través de los canales institucionales correspondientes. Asimismo, los empleados fueron notificados con antelación sobre la fecha de vencimiento de sus contratos, la cual estaba expresamente establecida en los documentos suscritos por las partes desde el inicio de sus nombramientos.
En cuanto al caso judicial al que hace referencia el sindicato, es importante señalar que corresponde a un caso específico, con hechos y circunstancias particulares, por lo que no guarda relación con los procesos administrativos que actualmente atiende la Universidad de Puerto Rico en Cayey.
De igual forma, la Universidad aclara que no es correcta la afirmación de que la administración universitaria impartió instrucciones para reducir el salario de empleados adscritos a dicho gremio.
La Universidad de Puerto Rico en Cayey reitera su compromiso con el diálogo, la transparencia, el debido proceso y el cumplimiento de la normativa aplicable. La institución continuará atendiendo estos asuntos con responsabilidad, procurando un balance entre la continuidad de los servicios esenciales, el bienestar de la comunidad universitaria y la sana administración de los recursos públicos”.
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