La medida reconoce estos servicios como esenciales durante emergencias y establece prioridad en la tramitación de pagos, con un término de 10 días laborables una vez Hacienda reciba una factura completa y debidamente certificada
(San Juan, Puerto Rico) – La aprobación del Proyecto de la Cámara 998 en el Senado de Puerto Rico puede marcar un cambio significativo en la manera en que el Gobierno atiende al sector de cuido prolongado, al reconocer la importancia esencial de estos servicios y establecer mecanismos dirigidos a evitar que las instituciones queden atrapadas en prolongados procesos administrativos para recibir pagos por servicios ya prestados.
Jonathan Morales Adorno, presidente de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO), sostuvo que la medida representa una oportunidad para transformar la relación entre el Gobierno y las instituciones que diariamente garantizan servicios residenciales a adultos mayores y personas con diversidad funcional.
“No estamos hablando simplemente de una clasificación en una ley. Estamos hablando de reconocer que estos servicios no pueden detenerse y que los atrasos gubernamentales en los pagos tienen consecuencias directas sobre la capacidad de las instituciones para continuar operando”, afirmó Morales Adorno.
El PC 998 fue aprobado por la Cámara de Representantes el 18 de mayo de 2026 y por el Senado el 21 de septiembre de 2026. De convertirse en ley, la medida dispone su vigencia inmediata.
Uno de los elementos de mayor impacto para los operadores de hogares de cuido prolongado es el mecanismo establecido para agilizar el trámite de las facturas durante una declaración de emergencia.
El PC 998 dispone que las agencias concernidas deberán dar prioridad a la certificación y tramitación de los pagos correspondientes a servicios subvencionados. En el caso del Departamento de la Familia (DF) y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), ades deberán verificar que el servicio fue prestado, que la factura está completa y correcta y que existen fondos disponibles antes de remitirla al Departamento de Hacienda. Una vez Hacienda reciba una factura completa y debidamente certificada, la medida establece un término de 10 días laborables para efectuar el desembolso, sujeto a los términos del convenio o contrato, la disponibilidad de fondos y los controles fiscales aplicables.
“Durante años, uno de los grandes problemas ha sido que cuando un pago se retrasa resulta difícil determinar dónde está la factura, qué agencia la tiene, qué falta por corregir o cuál es la razón específica de la demora. El proyecto establece mayor trazabilidad y responsabilidad en el proceso”, explicó Morales Adorno.
La medida también contempla que, cuando una factura no pueda ser certificada por alguna deficiencia, el establecimiento deberá ser informado sobre la información o documentación que debe corregirse o presentar. Además, los retrasos deberán documentarse de manera que pueda determinarse en qué etapa del proceso administrativo ocurrió la demora.
FICPRO ha denunciado que el Gobierno mantiene atrasos millonarios en pagos a operadores de hogares, mientras estos establecimientos continúan asumiendo diariamente los costos de alimentación, medicamentos, nómina, energía eléctrica, agua, mantenimiento y otros servicios necesarios para garantizar la atención de sus residentes.
“Una institución de cuido prolongado no puede cerrar sus puertas porque el Gobierno se atrasó en un pago. Nuestros residentes necesitan alimentarse, recibir sus medicamentos, tener personal disponible y recibir atención las 24 horas, los siete días de la semana. Los gastos no se detienen porque una factura esté esperando una certificación o un desembolso”, afirmó Morales Adorno.
El presidente de FICPRO destacó que esta situación coloca a los operadores en una posición particularmente difícil, porque terminan utilizando recursos propios o recurriendo a financiamiento para mantener funcionando servicios que atienden a una población que requiere atención continua.
“Cuando el Gobierno se demora, alguien tiene que asumir el costo. Hasta ahora, demasiadas veces ese costo lo han asumido los propios hogares. El reconocimiento de estos servicios como esenciales debe comenzar a reflejarse también en la manera en que se administran, certifican y pagan los servicios que ya fueron prestados”, añadió.
FICPRO aclaró que el PC 998 no crea automáticamente nuevas subvenciones, incentivos ni asignaciones presupuestarias para las instituciones de cuido prolongado. Precisamente por ello, Morales Adorno sostuvo que la aprobación de la medida debe verse como el comienzo de una conversación más amplia sobre la forma en que el Gobierno atiende al sector.
Para FICPRO, el próximo paso debe ser aprovechar el marco que establece el PC 998 para fortalecer los procesos de certificación, facturación y pago, de manera que las instituciones puedan planificar sus operaciones y cumplir con su responsabilidad de brindar servicios continuos a sus residentes.
“El mensaje debe ser claro: el Gobierno no puede exigir continuidad absoluta en el cuidado de nuestros adultos mayores y personas con diversidad funcional mientras permite que los pagos por esos mismos servicios se acumulen. Si estos servicios son esenciales, esa realidad tiene que reflejarse en las prioridades administrativas y financieras del Gobierno”, sostuvo Morales Adorno.
“La aprobación del PC 998 abre una puerta. Ahora hay que cruzarla. Puerto Rico necesita que el reconocimiento del cuido prolongado como servicio esencial se traduzca en un trato gubernamental acorde con esa realidad: procesos más ágiles, mayor transparencia y pagos oportunos por servicios que ya fueron prestados”, concluyó Morales Adorno.
Leave a Reply