Fijar fecha para saldar millonaria deuda que amenaza operación de hogares de cuido para adultos mayores en Puerto Rico
La organización advierte que el Gobierno está trasladando a los propietarios de los hogares el peso financiero de sus obligaciones, obligándolos a cubrir nómina, alimentación, medicamentos, servicios esenciales y cuidado 24/7 con recursos que aún no han recibido y desconocen cuándo serán depositados en sus cuentas.
(San Juan) – La Federación de Instituciones de Cuido Prolongado confirmó hoy que los propietarios de hogares de cuido han comenzado a recibir parte de los pagos adeudados por el Gobierno, pero advirtió que los desembolsos realizados hasta el momento son insuficientes para atender la magnitud de la deuda acumulada y garantizar la estabilidad financiera de una industria esencial para el cuidado y bienestar de miles de adultos mayores en Puerto Rico.
La organización exigió a la secretaria del Departamento de la Familia mayor agilidad, transparencia y acción concreta para lograr que su agencia, en coordinación con el Departamento de Hacienda, La Fortaleza y la Junta de Control Fiscal, puedan determinar cuánto dinero continúa pendiente, identificar las fuentes de financiamiento disponibles y establecer una fecha cierta para la liquidación de la deuda.
El presidente de FICPRO, Jonathan Morales Adorno, relató que durante la reunión que sostuvieron el pasado 13 de agosto con la Secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes y su equipo de trabajo, “se comprometieron a identificar fondos para atender y pagar las deudas acumuladas. Sin embargo, no pudieron precisar una fecha para que esos pagos sean emitidos”.
Durante esa reunión, el Departamento de la Familia mantuvo su posición de que están emitiendo los pagos correspondientes al mes de julio de 2026, por ser los que aplican al nuevo año fiscal. “Esto se ha convertido en un círculo vicioso sin fin. Una agonía para los dueños de hogares”, declaró.
Morales Adorno dijo que, “aunque reconocemos y valoramos que hayan comenzado a llegar algunos pagos, esto no puede convertirse en una solución parcial ni en un proceso indefinido. Los hogares de cuido han cumplido con sus responsabilidades y llevan demasiado tiempo absorbiendo costos mientras esperan por recursos que les corresponden. La situación exige acción inmediata, coordinación y resultados. No más demoras”.
FICPRO insistió que el Departamento de la Familia debe trabajar de manera coordinada con las entidades pertinentes para establecer una ruta clara que permita identificar los fondos disponibles, atender la totalidad de las obligaciones pendientes y evitar que la crisis financiera continúe agravándose. “Exigimos que establezcan un plan concreto y público de pago, acompañado de un calendario de desembolsos y un mecanismo de seguimiento entre las agencias involucradas”, manifestó.
Expresó que “mantener a los dueños de hogares en vilo, bajo la esperanza de que algún día vamos a cobrar, es abusivo y refleja un claro menosprecio al trabajo que realizamos los dueños de hogares. Requerimos que atiendan esta situación con carácter de urgencia, identifiquen la totalidad de las cuentas y establezcan fechas concretas para el desembolso de los pagos”.
Morales Adorno confirmó que, al igual que en las pocas reuniones que han sostenido anteriormente con la Secretaria de la Familia, “además de ser una reunión bastante intensa y con los ánimos elevados, no pudimos obtener una fecha específica para el pago de las deudas pendientes” correspondientes a períodos anteriores a junio del año 2026.
Para Morales Adorno “llegó el momento de trabajar el asunto de forma honesta, seria, contundente, con urgencia y sin cortapisas. La industria del cuido prolongado no es un negocio privado de ventas al por mayor, nosotros ofrecemos un servicio de calidad las 24 horas al día y protegemos las vidas de miles de adultos mayores. En los casos más críticos, el servicio a nuestros residentes es como si vivieran dentro de un hospital porque sus necesidades básicas de supervivencia así lo requieren”.
Independientemente de la situación económica que ahoga a los dueños de hogares por la falta de pago consistente, Morales Adorno recordó que “el servicio de las tres comidas, medicamentos, terapistas, cuidadores, enfermeras, cocineros, seguridad, el pago de nómina, mantenimiento y el pago de las utilidades como agua, luz, teléfono e internet son indispensables para sus operaciones. Sin un flujo de fondos adecuado y oportuno, la capacidad de nuestras instituciones para continuar prestando servicios se ve seriamente comprometida. Y en el caso de los centros de cuido afectados por los apagones y falta de agua debido a la sequía, conlleva gastos adicionales incalculables por todo lo que acarrea”.
Morales Adorno cuestionó además que, por ser la voz que realiza las denuncias públicamente, la Secretaria de la Familia “nos trate como si fuéramos enemigos” y de hecho, la propia funcionaria admitió que mantiene “comunicación continua” con la otra entidad que agrupa a dueños de hogares, mientras que FICPRO se ha visto obligada a realizar las denuncias ante los medios “para lograr ser atendidos, aunque sea con hostilidad en cada encuentro”.
La Federación enfatizó que la crisis financiera de los hogares de cuido prolongado no es únicamente un problema de sus propietarios u operadores. Es un asunto que impacta directamente la capacidad del país para garantizar servicios esenciales a miles de adultos mayores que requieren supervisión, atención y cuidados especializados. Aseguró que ante cualquier crisis que enfrenta la industria del cuido prolongado, no guardará silencio porque su deber es representar y procurar que se resuelvan los problemas de sobre 600 dueños de hogares en todo Puerto Rico.
“No estamos solicitando un favor, una ayuda ni un subsidio. Estamos reclamando el pago por servicios que ya fueron prestados. Los hogares han cumplido. Los servicios fueron brindados. Los adultos mayores fueron atendidos. Ahora le corresponde al Gobierno cumplir y pagar para mantener a flote la industria del cuidado prolongado”, enfatizó.
Morales Adorno concluyó que “esta situación no puede normalizarse. No se puede exigir a los hogares que mantengan sus puertas abiertas, paguen empleados, compren alimentos y continúen ofreciendo cuidados de calidad mientras permanecen millones de dólares pendientes de pago”.
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