El representante Gabriel Rodríguez Aguiló aseguró que la propuesta legislativa responde a la urgencia de modernizar el sistema de salud mental en la Isla
(El Capitolio ) – Tras 26 años sin una revisión total del estatuto, la Cámara de Representantes aprobó este jueves el proyecto de ley que actualiza la Ley 408-2000 de Salud Mental con un enfoque en el tratamiento integral del paciente y el fomento de su recuperación dentro de entornos menos restrictivos.
El Proyecto de la Cámara 1007 recibió un informe positivo de la Comisión de Salud, presidida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, luego de un extenso proceso de enmiendas sobre la propuesta legislativa de más 270 páginas, que incluyen nombrar al Departamento de Salud como la agencia rectora.
“Estas enmiendas a la Ley 408-2000 responden a la necesidad urgente de modernizar el sistema de salud mental de Puerto Rico ante los cambios sociales, epidemiológicos y clínicos de las últimas décadas. Las propuestas se fundamentan en la promoción del bienestar emocional como eje esencial de la salud pública”, expresó Rodríguez Aguiló al presentar la medida en el hemiciclo.
El legislador, quien también es autor de la medida, explicó que los cambios se centran en la prevención, identificación temprana de síntomas, acceso oportuno a servicios, así como el uso restringido y clínicamente justificado de hospitalización.
Entre otros cambios, Rodríguez Aguiló detalló que el proyecto incorpora herramientas para atender personas con diversidad funcional auditiva, reconoce la salud mental perinatal como prioridad de política pública y elimina lenguaje que, en la práctica, podía reforzar estigmas.
La legislación, que obtuvo 33 votos a favor, fue rechazada por las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido Popular Democrático (PPD) tras mostrar objeciones con el rol de las aseguradoras como proveedores indirectos. La portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, también votó en contra de la medida.
Aunque identificó algunos de los aspectos positivos de la legislación, la representante Adriana Gutiérrez Colón opinó que atribuye a las compañías de seguros un papel decisivo sobre las determinaciones clínicas y el nivel de cuidado que recibirán los pacientes.
“La salud, ni la salud mental, puede seguir dependiendo de procesos administrativos que prioricen costos o ganancias sobre las necesidades humanas y las recomendaciones médicas”, pronunció la portavoz alterna del PIP.
En respuesta, el representante Rodríguez Aguiló mencionó que el proyecto contiene salvaguardas para el paciente, como procesos apelativos contra las decisiones de las aseguradoras, y aseguró que el lenguaje establece “que la determinación tiene que estar basada en el tema clínico, no en el económico”.
En cuanto a la terapia electroconvulsiva, el legislador indicó que este tipo de tratamiento queda prohibido para menores de 18 años, salvo en circunstancias excepcionales y como último recurso terapéutico.
En tales casos, el proyecto añade el requisito de contar con la opinión de un segundo psiquiatra que no esté involucrado en el tratamiento habitual y medie la autorización de un tribunal.
Rodríguez Aguiló también aclaró que la Comisión de Salud trabajó enmiendas para evitar que la medida tuviera algún costo fiscal, luego de que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) advirtió sobre un potencial impacto de $10 millones.
Otras medidas aprobadas
Por otra parte, el cuerpo legislativo avaló el Proyecto de la Cámara 1098, que realiza enmiendas técnicas a las Reglas 9.1 y 9.2 de Procedimiento Civil para remover la obligación de incluir algún número de fax como método de notificación.
Según el representante José Pérez Cordero, autor de la medida, ese método de notificación perdió relevancia en Puerto Rico y cada vez es menos común.
Por tanto, el legislador indicó que la medida define el término de “dirección electrónica” como cualquier medio electrónico presente o futuro que cumpla con las requisitos esenciales de la notificación procesal: confiabilidad en la transmisión, trazabilidad del envío, y razonable certeza de recepción por el destinatario.
Asimismo, el pleno dio paso a las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 399 y 340, presentadas por el representante Joe Colón Rodríguez, para ordenar al Departamento de Agricultura la liberación de las condiciones y restricciones sobre dos terrenos.
El primero de estos es el Solar 2-A del Proyecto Arenas, ubicado en el barrio Arenas de Utuado, mientras que la otra finca está compuesta por las parcelas 240-A, 240-B, y 240-C del Proyecto Castañer, ubicado en el barrio Bartolo de Lares.
La Cámara también favoreció el Proyecto del Senado 484, que propone designar el 9 de marzo de cada año como el “Día de la Mujer Líder en la Industria Agrícola”, en reconocimiento a la contribución de las mujeres en la agricultura de Puerto Rico.
Entre otras medidas aprobadas está el Proyecto del Senado 928, que propone incluir a las víctimas de trata humana como elegibles a los servicios que presta la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito; y el Proyecto del Senado 1036, que busca crear el Cuerpo de Inspectores Voluntarios del Departamento de Recreación y Deportes.
La Cámara reanudará sus trabajos de la sesión legislativa el próximo 1 de junio a las 11:00 de la mañana.
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