(El Capitolio ) – En el cuarto día de vistas públicas de la Comisión Especial para Atender el Proyecto de la Cámara 1213, presidida por el líder cameral, el representante Carlos “Johnny” Méndez Núñez, participaron organizaciones sin fines de lucro y planificadores, quienes objetaron la pieza que daría paso a una ley de permisos, al entender que afecta el bienestar de sus comunidades.
Elba Leticia Collazo, en representación de la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras, solicitó en específico, que se enmiende la medida de modo que la “Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras” (Ley 75-1995), sea eliminada de la lista de jurisprudencia, que sería derogada con la aprobación del proyecto, puesto que no guarda relación alguna con la otorgación de permisos.
“La Ley 75 no regula permisos ni constituye obstáculo al desarrollo económico; por el contrario, facilita coordinación y planificación estratégica. Se trata de una legislación especial diseñada para atender las necesidades particulares de Río Piedras mediante un modelo de planificación integrada, coordinación gubernamental y participación ciudadana. Contempla y establece incentivos para nuevos comercios, reconociendo la importancia de las PYMES locales como motor económico”, dijo la líder comunitaria.
Calificó como “reduccionista” el entender que, con la derogación de este cuerpo de ley, se beneficia a Río Piedras.
“Por el contrario, implicaría ignorar el trabajo voluntario, sostenido y visionario de quienes por años han organizado, ejecutado y pensado el Río Piedras que aspiramos construir”, añadió Collazo.
“Coincidimos en la necesidad de agilizar procesos gubernamentales y permisos; sin embargo, eliminar la ley que permitió articular estas capacidades no resolvería dichos problemas y sí pondría en riesgo avances alcanzados tras décadas de esfuerzo colectivo”, afirmó la deponente.
En su turno, el presidente de la Cámara, Méndez Núñez, afirmó que ante el hecho de que la Ley 75 no es una que otorga permisos, sino que crea un fideicomiso para atender a las comunidades ubicadas cerca del casco de Río Piedras, “no vemos necesario que tenga que estar incluida en este proyecto de ley”.
Por su parte, el Sindicato de Bomberos, por voz de su presidente, José Tirado García, advirtió que con la aprobación de la medida tal y como radicada, “se debilita la intervención técnica y preventiva del Cuerpo de Bomberos, por lo que Puerto Rico corre el riesgo de repetir errores que ya costaron demasiadas vidas”, en referencia al incendio del Hotel Dupont Plaza, que cobró más de 96 vidas y dejó 140 heridos el 31 de diciembre del 1986.
Esto porque en ese entonces existía un desface histórico entre el desarrollo físico de la isla y las facultades que tenía el Cuerpo de Bomberos, lo que quedó expuesto con este trágico evento, según Tirado García.
A partir de estos sucesos, se aprobó en el 1988, un cuerpo de ley que “enfatizó en la prevención, dotando a la agencia de facultades claras para reglamentar, inspeccionar, fiscalizar y hacer cumplir la política pública de protección contra incendios y seguridad humana”, dijo el funcionario.
Cabe mencionar que Tirado García reconoció los puntos a favor del proyecto tales como “la intención de establecer mayor trazabilidad digital, la aspiración de uniformar criterios y la creación de mecanismos de supervisión y auditoría”, pero argumentó que “la sustitución del inspector público por el inspector certificado y la fiscalización posterior a la otorgación de un permiso, sin un proceso preventivo de incendios, puede costar vidas”.
A preguntas del representante Denis Márquez Lebrón, el funcionario denunció que en la actualidad “cuando los bomberos van a hacer la re-inspección, en muchos de los casos, ese establecimiento no cumple, pero tiene permiso de operación. Cuando el inspector va y se implanta el reglamento y se señala las violaciones, en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), lo sacan del sistema y el inspector no vuelve a ver el caso. Por eso nosotros estamos sumamente preocupados en que la seguridad del Estado pase a manos privadas”.
Señaló, que el Cuerpo de Bomberos cuenta con 120 inspectores certificados, que están organizados en 12 distritos a través de toda la isla, lo que en términos prácticos “permite una cobertura territorial que puede interpretarse como al menos un inspector por municipio, lo que fortalece la capacidad de respuesta y fiscalización en todo Puerto Rico”.
Por lo que solicitó, que “se establezcan límites claros a la certificación privada que realizarían los profesionales autorizados, el reconocimiento expreso del Inspector de Prevención de Incendios del Estado como figura esencial e indelegable en materias de seguridad humana y protección de incendios, así como la prohibición de que la agilización administrativa sea utilizada para reducir requisitos mínimos de seguridad”.
En este punto, el representante Joel Franqui Atiles puntualizó que debe enmendarse la pieza para “ponerle garras, de modo que haya consecuencias para el profesional autorizado si evade la ley y se vea claramente que no fue una omisión, sino que tomó una determinación a sabiendas que estaba mintiendo para otorgar un permiso”.
Además, sugirió que el producto de esta conducta no solo sea “de índole económica, sino contra su licencia, tanto como profesional autorizado, como de ingeniero o arquitecto si ese es el caso”.
También compareció el planificador Hernán Morales Ramírez, en representación del Colectivo Interdisciplinario de Profesionales, quien especificó que a pesar de que el proyecto “representa el esfuerzo legislativo más ambicioso en materia de planificación y permisos en décadas” este afecta a 72 leyes, de las cuales elimina 15, opinó que “suscita preocupaciones de carácter estructural que no pueden ser ignoradas”.
Morales Ramírez argumentó que, a través de los capítulos, la pieza exhibe un patrón que busca “centralizar el poder decisional en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), reducir los mecanismos de participación ciudadana y desmantelar en masa el andamiaje jurídico construido durante décadas sin la evaluación individualizada que cada estatuto merece”.
Ante este panorama, el representante Méndez Núñez, le solicitó que presentara un informe con alternativas de modo que Puerto Rico pueda tener una economía próspera y competitiva.
A las expresiones de Morales Ramírez se unió, el planificador Luis Jorge Rivera Herrera, quien opinó que el proyecto de ley es uno “basado en un informe falto del mínimo rigor, con premisas infundadas y fuera de contexto que tergiversan los hallazgos de los únicos dos estudios a los que se hacen alusión”.
Mencionó que el estudio del World Bank Group, utilizado por el task force de permisos- que coloca a Puerto Rico en el escalafón 143 de 195 países en la categoría de otorgación de permisos- presenta una advertencia de que los hallazgos y conclusiones incluidos no reflejaban necesariamente la visión de la organización, a la vez que advierte que la entidad no garantizaba la exactitud de los datos incluidos en el estudio.
A su vez, indicó que el reporte citado por el grupo de trabajo, emitido en el 2022 por el Fraser Institute, que estudió el tema de libertad económica alrededor del mundo, fue usado “fuera de contexto” al posicionar en igual categoría de poca libertad económica a Puerto Rico y el estado de California, mientras establece que Haití posee mayor libertad económica que la isla.
Rivera Herrera planteó que esta legislación socava la facultad que hasta el día de hoy tenía el legislativo y que “ahora por vía de este proyecto de ley han decidido renunciar a ella, me refiero específicamente al artículo 10.28 sobre reconocimiento de designaciones por leyes especiales”.
Ante estas expresiones, el presidente cameral Méndez Núñez le señaló que “está partiendo de una premisa equivocada”, a la vez que pidió una rectificación para efectos del récord legislativo.
“Nosotros no estamos renunciando. Eso es lo que se pretende en el proyecto de ley, pero nosotros estamos en la evaluación del proyecto. Así que corrija la premisa porque la premisa es equivocada. El proyecto de ley dispone eso, pero el proyecto de ley va a sufrir muchos cambios, si finalmente se aprueba”, enfatizó el representante Méndez Núñez.
Rivera Herrera, aseveró que esta legislación “debilita y trivializa los procesos de planificación integral sobre usos de terrenos y el de cumplimiento ambiental, confundiéndolos a su vez con el proceso de evaluación de permisos de construcción y operacionales para establecer una empresa”.
El deponente expresó que la pieza “permite que de forma administrativa se modifiquen los límites y se reduzca la extensión de áreas naturales protegidas, mientras reduce el área comprendida por terrenos de dominio público de la zona marítimo terrestre, privatizando las playas para todo efecto práctico, evitando así su disfrute por toda la ciudadanía”.
Afirmó que la medida tal y como se presenta, “choca con la Constitución puesto que plantea un reenfoque filosófico en el que el énfasis para una reforma de permisos y la política pública del gobierno debe estar en reconocer la importancia del desarrollo económico basado en el derecho constitucional de los ciudadanos al disfrute de su propiedad”, sobre el bien común.
“La Constitución no dispone que el derecho al disfrute de la propiedad privada es absoluto, por lo que el desarrollo económico no puede estar equilibrado o al mismo nivel y menos, tener prioridad sobre la protección del interés público. Esa es la base de este proyecto de ley que pretende privilegiar y poner por encima el interés del desarrollo de la propiedad privada sobre el bienestar general de todo el pueblo de Puerto Rico” dijo el planificador.
Asimismo, comparecieron la organización Sea Grant, la Coalición Pro-Corredor Ecológico del Noreste y el presidente de la firma de consultores de permisos Osvaldo Ortolaza, para presentar sus recomendaciones como parte del proceso legislativo, el cual no excluye la consideración de posibles enmiendas.
Durante los trabajos de esta audiencia pública participaron los representantes José “Pichy” Torres Zamora, José “Cheito” Hernández Concepción, Omayra Martínez Vázquez y Héctor Ferrer Santiago.
Leave a Reply