CODEPOLA logra que el Negociado revoque su determinación tras acudir al Tribunal de Apelaciones y exige que se revisen de inmediato todos los casos similares
Trujillo Alto, Puerto Rico — El Negociado de la Policía de Puerto Rico dio marcha atrás a su determinación de retener la licencia de armas y ocupar el arma de fuego de una ciudadana por el hecho de contar con una licencia para utilizar cannabis medicinal, luego de que la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) acudiera al Tribunal de Apelaciones para defender sus derechos.
El presidente de CODEPOLA, Ariel Torres Meléndez, calificó la determinación como un paso importante y reclamó al Gobierno que no espere a que cada ciudadano tenga que acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos, sino que revise de inmediato los casos en los que se hayan tomado determinaciones similares.
El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión administrativa presentado en el caso de Alexandra Rivera Medina, luego de que el Negociado de la Policía dejara sin efecto su decisión de retener su licencia de armas y ocupar su arma de fuego.
Aunque el caso se tornó académico, Torres Meléndez resumió que “se hizo por medio del Tribunal Apelativo y no administrativamente, lo que cerró la puerta a la Policía para continuar realizando determinaciones similares en contra de los ciudadanos. Este caso demuestra que, cuando los ciudadanos entienden que sus derechos han sido violentados, deben defenderlos y utilizar todos los mecanismos legales disponibles”.
CODEPOLA: “Nadie debe tener que llegar a los tribunales para que se respeten sus derechos”
Para Torres Meléndez, el desenlace del caso tiene implicaciones que van más allá de Rivera Medina, particularmente para otros ciudadanos que poseen licencia de armas y, a su vez, cuentan con autorización para utilizar cannabis medicinal.
“Este caso demuestra que los derechos constitucionales no pueden depender de la interpretación particular de un funcionario o de una agencia. Los ciudadanos tienen derecho a reclamar y a exigir que el Gobierno actúe conforme a la Constitución y las leyes”, sostuvo.
El presidente de CODEPOLA destacó que la organización decidió asumir la defensa de Rivera Medina porque entendió que la actuación del Negociado podía tener consecuencias para otros ciudadanos que se encontraran en circunstancias similares.
“No importa cuán grande sea la agencia contra la que tengamos que enfrentarnos. Si entendemos que se han violado los derechos de un ciudadano, CODEPOLA va a dar la batalla en los foros correspondientes”, afirmó Torres Melndez.
El caso de Rivera Medina surgió luego de una intervención de agentes de la Policía de Puerto Rico, quienes le ocuparon su licencia de armas y su arma de fuego tras alegadamente encontrar una sustancia que aparentaba ser marihuana.
Torres Meléndez explicó que durante la vista de Regla 6 no se determinó causa para arresto. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó una vista en alzada, pero el tribunal confirmó la determinación de no causa en ambos cargos.
“La parte recurrente contaba con una licencia vigente otorgada por la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal y, aun así, se había producido la retención de su licencia de armas y la ocupación de su arma de fuego. Ante esta situación, CODEPOLA entendió que era necesario acudir al Tribunal de Apelaciones”, explicó.
Torres Meléndez hizo un llamado directo al Negociado de la Policía para que identifique y revise todos los casos en los que se hayan retenido licencias de armas u ocupado armas de fuego bajo circunstancias similares.
“Si el propio Negociado ha reconocido ante el Tribunal de Apelaciones que va a cumplir con lo establecido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ahora corresponde actuar y no limitarse a hacer declaraciones públicas”, enfatizó.
“Esperamos que se proceda caso por caso, con diligencia y sin obligar a cada ciudadano afectado a iniciar un litigio para recuperar lo que legalmente le corresponde. Cuando una persona no representa un riesgo para la seguridad pública y cumple con los requisitos establecidos por ley, el Gobierno tiene que actuar conforme a derecho”, añadió.
La decisión de la Corte Suprema es de amplio alcance sobre el derecho a portar armas al fallar a favor de Ali Danial Hemani, un ciudadano de Texas que impugnó una ley federal de armas que prohíbe poseer armas de fuego a ciertas personas que consumen drogas ilegales. Hemani argumentó que “la aplicación de esta ley vulnera las protecciones de la Segunda Enmienda, que garantiza el derecho de los ciudadanos estadounidenses a poseer y portar armas para defensa personal”. De hecho, Hemani no fue acusado de ningún delito ni de utilizar un arma mientras se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas.
A juicio de Torres Meléndez, la determinación refuerza la necesidad de que las agencias gubernamentales revisen sus actuaciones y eviten aplicar restricciones de manera automática sin evaluar las circunstancias particulares de cada ciudadano.
Torres Meléndez aseguró que la organización continuará vigilante ante cualquier actuación que pueda afectar los derechos de los ciudadanos poseedores de licencias de armas.
“Este caso deja una enseñanza clara: los ciudadanos no pueden tener miedo de defender sus derechos. CODEPOLA va a continuar dando la batalla en los tribunales y ante las agencias cuando entendamos que se está afectando injustamente el derecho de una persona a poseer y portar un arma de fuego”, puntualizó.
“Ahora le corresponde al Gobierno demostrar que las expresiones de cumplimiento con el Tribunal Supremo no se quedan en palabras. Queremos ver acción, revisión de los casos y respeto al debido proceso de ley y a los derechos constitucionales de los ciudadanos”, concluyó Torres Meléndez.
Próximamente, la División Legal de CODEPOLA se estará comunicando con el Negociado de Armas de la Policía para coordinar una visita formal con la cliente Alexandra Rivera Medina para la entrega de su licencia de armas, su arma y municiones.
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