RADICAN DEMANDAN POR MÁS DE $500 MILLONES A DISH NETWORK, FISCALÍA FEDERAL Y AL FBI BAJO EL ACTA DE EMPRESAS CRIMINALES Y ORGANIZACIONES CORRUPTAS
Esta reclamación multimillonaria, que incluye a Rosa Emilia Rodríguez, ex fiscal Federal de Puerto Rico, se une a otra radicada hace un año, donde también fue demandando Douglas Leff, ex jefe del FBI en la Isla quien, poco tiempo después y sin justificación pública, fue trasladado a otra oficina en Estados Unidos
(SAN JUAN, PUERTO RICO) – Las empresas Naicom Corporación; D&V IP Holdings, LLC; PayLink, LLC y Kiaras, LLC radicaron una demanda multimillonaria el pasado viernes en el Tribunal Federal de Puerto Rico en contra de las compañías Dish Network Corporación; Dish Network, LLC; Nagrastar, LLC; la Oficinas de los Estados Unidos de la Fiscalía Federal en Puerto Rico; y el Buró Federal de Investigaciones, oficinas en San Juan. De acuerdo con la demanda, los demandantes alegan, que los demandados se pusieron de mutuo acuerdo para conspirar y cometer actos de espionaje corporativo y hurto ilegal de propiedad intelectual, tecnologías, información confidencial y secretos comerciales pertenecientes a los demandantes. Estos eventos se remontan al 7 de agosto de 2017, cuando comenzaron los actos de espionaje e ingeniería inversa, hasta el 29 de agosto del 2019, cuando intentaron o se apropiaron de los secretos perteneciente a los demandantes.
Por estos actos culminaron demandados la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (PR), junto a Rosa Emilia Rodríguez Vélez, ex fiscal de la Fiscalía Federal de (PR); José Capó Iriarte, ex jefe de la división criminal; Nicholas W. Cannon, jefe adjunto delitos cibernéticos, división criminal; la Oficina del Buró Federal de Investigaciones, San Juan, P.R.; Douglas A. Leff, quien fuera agente especial del FBI a cargo de la división de San Juan; Bradley Rex, quien fuera agente supervisor especial del FBI en PR; Lance Lange, Kevin Reaves, así como Clay Rehrig, agentes especiales del FBI en PR; Juan Galarza, científico en computadoras del FBI en PR; Jason López, técnico de pruebas del FBI en PR, así como varios nombres desconocidos, agentes del Buró Federal de Investigaciones (John Does 1-20); y Dish Network Corporation; Dish Network, LLC; Nagrastar, LLC; Bert Eichhorn, Emily Rinkle y Jordan Smith, investigadores de Nagrastar; Kevin Gedeon, investigador de Dish Network y Brian Parsons; colaborador de Dish Network.
En términos generales, según reza el pliego de 72 páginas, los fundadores de Naicom Corporation; D&V IP Holdings, comenzaron el desarrollo de una tecnología de distribución de contenido que le permitiera transmitir programas de televisión en vivo utilizando los sistemas de Multicast por el internet y redes privadas con el uso de solo 2mbps, algo nunca visto por ninguna empresa de telecomunicaciones o distribuidora de cable televisión, el cual bautizaron como DISME (Dynamic Internet Semantic Multicast Environment).
Según expresa Darwin Quiñones, el creador de esta tecnología, “desde el inicio de ambas empresas se aseguraron de implementar todos los rigores de seguridad de secretos de negocios e información confidencial para proteger, de terceros, la tecnología DISME. Sin embargo, para el 2017, la compañía Dish Network Corporation, luego de ver la amenaza de varios negocios de telecomunicaciones que pretendían trabajar en alianzas, que incluían a Naicom (quien aportaría su sistema único de DISME), Dish Network decidió radicar una querella al FBI alegando, sin prueba alguna, que la compañía Naicom era una de contenido de piratería en Puerto Rico”.
La demanda, radicada el pasado viernes, indica además que, desde que la Fiscalía Federal y el FBI en Puerto Rico decidieron abrir una investigación criminal en contra de Naicom y sus fundadores, bajo el poder y supervisión de esas oficinas, las empresas Dish Network y sus demás demandados decidieron ordenar, vía correo, dos dispositivos de Naicom IPTV (Internet Protocol Television) para realizarle ingeniería inversa, a través de programas de espionaje corporativo tratando de olfatear electrónicamente los servidores de Naicom, utilizando programas sofisticados.
Al no poder penetrar los sistemas y el muro de protección que extraordinariamente habían estructurado los demandantes, la compañía Dish Network y Nagrastar, deciden pedirles a los demandados federales que le faciliten la entrada al Centro de datos de Naicom, según cita la demanda.
“Así las cosas, los federales realizan una orden de allanamiento sin causa probable, para acceder al Centro de datos de Naicom, donde residen todos los equipos de computadoras y servidores. Durante ese mismo ejercicio, le dieron acceso a Dish Network y Nagrastar a la tecnología, información confidencial y secretos de negocios de los demandantes, bajo la artimaña de una investigación criminal que no arrojó ni una cintila de evidencia criminal, ya que Naicom contaba con todos los contratos de empresas de programación televisiva para distribuir sus contenidos. No obstante, habiéndose disipado la causa probable de la primera orden de allanamiento fatula, resultando en una vergüenza para los federales, estos regresaron por segunda ocasión, también acompañados de empleados de Dish Network y Nagrastar, al Centro de datos de Naicom y otras dos empresas de nuestra propiedad. Pero, esta vez lo hicieron sin orden alguna, volviendo a ingresar a los predios, para continuar el robo de la propiedad intelectual y secretos de negocios”, agregó Quiñones, citando la demanda.
No obstante, los fundadores de Naicom no se quedaron con los brazos cruzados y radicaron un recurso legal bajo la Regla 41(g) de Procedimiento Criminal para que se les devolvieran las propiedades ilegalmente incautadas. Tras esto, el juez Federal Francisco A. Besosa ordenó a la Fiscalía Federal y al FBI a devolver la propiedad a sus dueños, ya que la misma Fiscalía Federal se allanó a la demanda de retorno de propiedad incautada inconstitucionalmente a los empresarios y la compañía Naicom.
Bajo la consulta y el consejo legal del notorio abogado criminalista Rafael Castro Lang, los demandante decidieron radicar siete cargos civiles de violaciones estatutarias, en contra de los demandados, entre ellas, cinco cargos bajo RICO (Racketiring and Influenced and Corrupt Organizations), imputando que los demandados se pusieron en acuerdo mutuo y conspiraron para violentar cargos de organización y empresas criminales tales como el (1) Fraude al Correo de los Estados Unidos; (2) Fraude a través del Cable; (3) Conspiración para Violar las Leyes (fraude al correo de los Estados Unidos y del cable); (4) Robo de Secretos Comerciales; (5) y la Ley de Protección del Secreto Industrial y Comercial Bajo La Ley De Secretos Comerciales.
Al mismo tiempo, los demandantes radicaron otros tres cargos bajo Fraude y Abuso Informático, por haber penetrado sin autorización en computadores y servidores conteniendo información confidencial que se utiliza para rendir servicios a través del comercio interestatal; Ley De Comunicaciones Almacenadas, por haber penetrado una instalación con computadoras y servidores que rinden servicios a través del comercio interestatal; y El Milenio Digital de Derechos de Autor, por haber penetrado computadoras que contenían los códigos de programación que fueron registrados en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos.
“Aparte del intento de cometer las violaciones de ley antes mencionadas, los federales violaron los siguientes estatutos criminales: someter declaraciones falsas y perjuras bajo pena de desacato a un magistrado federal para conseguir una orden de allanamiento fatula y maliciosamente y sin causa probable; ejecutar una orden de allanamiento en violación a diversas leyes penales federales. Igualmente, infringieron otra serie de leyes durante el segundo registro ilegal, al permitirle a los demandados de Dish Network que entraran y registraran las instalaciones, excediéndose del alcance de la primera orden de registro, al también ingresar a los predios de otras corporaciones de nuestra propiedad que no estaban en la lista de la orden judicial (Artists Designs and Management Corporation). Es decir, que ejecutaron un segundo registro sin una orden de allanamiento expedida por un magistrado federal, permitiéndole a nuestros competidores (los acusados de Dish Network) conocer más información confidencial”, explicó además Quiñones, basado en la demanda.
Como consecuencia directa de la apropiación indebida de los secretos comerciales de los demandantes, realizada deliberada y maliciosamente, estos han sufridos daños por pérdidas reales y enriquecimiento injusto de los imputados. Estos incluyen, entre otros, daños resultantes de daños a D&V IP Holdings, computadoras y servidores de Naicom, pérdida en el valor de D&V IP Holdings, secretos e información comerciales de Naicom y daños a su negocio. En consecuencia, los demandantes tienen derecho a una indemnización ejemplar por una cantidad de hasta el doble de los daños reales adjudicados, así como a los honorarios y costas de los abogados.
Por lo tanto, los querellantes exigen un juicio por jurado contra los acusados en todos los cargos y buscar el alivio tal y como es provisto por ley:
* Otorgar a los demandantes por daños y perjuicios en una cantidad por determinar, incluidos, entre otros, todos los daños y pérdidas sufridos por los demandantes como resultado del intento ilegal de robo o hurto y la posterior divulgación de la información confidencial de los demandantes;
* Otorgar a los demandantes una indemnización en exceso de $100,000,000 (cien millones de dólares), según esté disponible, en una cantidad que se probará en el juicio;
* Otorgar al demandante daños punitivos que excedan los $500,000,000 (quinientos millones de dólares)
DEMANDA POR $500 MILLONES:
SECUELA DE ACCIÓN LEGAL INCOADA EN EL 2020
Esta reclamación incoada el pasado viernes, es secuela de otra radicada hace un año en la que también se demandó a parte de los empleados federales mencionados en este parte de prensa, por el mismo evento y que también están incluidos en la nueva reclamación. Todos ellos aun enfrentan una acción de derechos civiles por daños compensatorios y punitivos, en su carácter personal basado en una conspiración, combinación y acuerdo que involucra actos de mala conducta inconstitucional grave y abuso en los procesos, lo que resulta en una clara violación a la Cuarta y Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos sobre registros e incautaciones razonables sin causa probable y sin orden judicial. En dicha demanda, del año pasado, se solicitan $25 millones al honorable tribunal. Tras su radicación, casi de inmediato, dicho caso fue reasignado al Juez del estado de Maine, John A. Woodcock, Jr. Según informan los demandantes, en este momento, esperan por la declaración de “no ha lugar” a la moción de desestimación de los cargos, radicada por los demandados, para dar comienzo del juicio en su fondo.